La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Naucalpan y son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de una mujer trans.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2025 sobre la avenida Parque de Chapultepec, donde la víctima observó que varios policías sometían a dos mujeres y a un hombre identificado como Carlos “N”. Al acercarse para preguntar el motivo de la intervención, los oficiales le indicaron que no se involucrara.

La Fiscalía señaló que la víctima comenzó a grabar la actuación de los uniformados con su teléfono celular, lo que habría provocado que fuera agredida física y verbalmente por los presuntos responsables, quienes además solicitaron apoyo de otras patrullas.

Según la carpeta de investigación, al lugar llegaron María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”, quienes presuntamente sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video que había grabado.

Posteriormente, la mujer fue subida a una patrulla, esposada y trasladada hacia la colonia San Miguel Atoto, donde, de acuerdo con la denuncia, los tres policías la golpearon en distintas partes del cuerpo antes de obligarla a descender del vehículo.

Tras la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones y reunió los datos de prueba con los que solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de los tres servidores públicos por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura.

Una vez cumplimentados los mandamientos judiciales, los imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde un juez determinó vincularlos a proceso, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

La FGJEM recordó que los tres imputados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria. En caso de ser encontrados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y hasta nueve años por abuso de autoridad, conforme a la legislación vigente.