El derecho de acceso a la información pública y la transparencia concluyen esta semana un ciclo de autonomía para iniciar otro bajo los tiempos de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Escribo este artículo desde mi responsabilidad en materia de transparencia y protección de datos personales en uno de los municipios más importantes de la entidad. Desde mi llegada a la entonces Unidad de Transparencia de Metepec, en enero de 2022, enfrentamos uno de los desafíos más intensos que puede asumir un gobierno municipal: responder a más de 13 mil solicitudes de información en menos de un año. Ninguna administración pública municipal está preparada para recibir y, más aún, atender esa cantidad de solicitudes, pues las prioridades de un gobierno suelen concentrarse en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con énfasis en los servicios públicos, la obra pública, la seguridad y otras responsabilidades esenciales.
Sin embargo, tuvimos la fortuna de que quien encabeza la administración municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, contara con la voluntad política, la preocupación y el interés necesarios para sacar adelante este reto. En aquel momento, el volumen de solicitudes convertía al municipio en el que más requerimientos de información había recibido desde la creación del derecho de acceso a la información pública y de los órganos autónomos garantes.
Después de mucho trabajo —con errores, sin duda, pero también con compromiso y voluntad— se logró dar cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes de información. A ello se sumaron verificaciones en las que se alcanzó el 100% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, además de una serie de reconocimientos y premios obtenidos a nivel nacional y estatal en la materia durante sus dos administraciones municipales.
A la fecha, Metepec concentra, entre sus cuatro sujetos obligados —DIF, OPDAPAS, Deporte y Sector Central—, más de 16 mil 400 solicitudes de información, todas atendidas o en tiempo de ser respondidas. Muchos dirán que se trata solo de un número, pero detrás de esa cifra hay un amplio trabajo en equipo en el que participan desde el presidente municipal hasta los enlaces de cada una de las dependencias del gobierno. En la administración de Fernando Flores, la transparencia ha sido una de las banderas más importantes: una convicción que se ha procurado proteger y honrar hasta el último momento, empezando por él y continuando con todo su equipo. Esa responsabilidad seguirá vigente hasta el último día; sin embargo, a partir de esta semana, algunas —o muchas— cosas cambiarán.
La Legislatura aprobará la nueva Ley de Transparencia local y, con ello, vendrá una serie de cambios en todo el aparato estatal y municipal, a los que habremos de adecuarnos con las nuevas reformas. Si bien las unidades de transparencia seguirán existiendo con las mismas funciones y atribuciones, el INFOEM —Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios— cerrará sus puertas después de más de 20 años como órgano autónomo, para dar paso al nuevo Instituto de Transparencia Mexiquense, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
Los plazos para la atención de solicitudes de información y recursos de revisión cambiarán y serán más amplios; el catálogo de obligaciones de transparencia para las instituciones, particularmente las estatales, crecerá de manera significativa; el anonimato de los solicitantes seguirá vigente; y el Instituto de Transparencia Mexiquense tendrá acceso completo y sin restricciones a la información clasificada de los sujetos obligados para determinar sus resoluciones. Además, será este Instituto quien resuelva los recursos de revisión de los municipios e imponga medidas de apremio y sanciones en caso de incumplimiento. La transparencia proactiva desaparecerá para dar paso a la transparencia con sentido social, entre otras modificaciones relevantes a la ley.
Habrá que esperar si este nuevo Instituto, al formar parte del gobierno estatal, será capaz de garantizar imparcialidad frente a los 125 municipios y las dependencias estatales, o si su actuación abrirá la puerta a criterios selectivos que puedan afectar a unos y beneficiar a otros. En esa respuesta se jugará buena parte de la confianza pública en esta nueva etapa de la transparencia en el Estado de México.
Gerardo Arturo Ozuna Martínez
